El pasado 17 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. La eutanasia se convierte así en un derecho individual entendido como la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.
El texto aprobado equipara erróneamente la enfermedad con la situación de discapacidad, asumiendo esta como una de las vías de solicitud de muerte digna. La Ley ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, evitando que se vincule a ningún grupo social concreto, incluido el colectivo de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo.
Vivir con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo o con cualquier discapacidad, no puede asumirse jurídicamente como presupuesto jurídico habilitante a la muerte digna. Lo contrario implica articular una norma contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por ello, Confederación ASPACE urge a la reformulación de la norma para que su redacción incorpore el enfoque social de Derechos y sea así compatible con el marco que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
